Estructuras Políticas y Agrarias (XVI)

La entrega número XVI de la imagen que estamos dando del mundo agropecuario en España se dedica a dar continuidad a lo que ya antes iniciamos de análisis sobre Política Agrícola Común, la PAC. Es una cuestión compleja, con cambios continuos en los métodos y sistemas, como no puede ser por menos en un sistema agrario que pretende abarcar a 27 países, con producciones muy distintas. Se cierra esta entrega con un espacio dedicado al sindicalismo agrario, como expresión viva de los agricultores y trabajadores de la tierra.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC)

Ingresada España en la CE en 1986, el Consejo de Ministros de Agricultura de la CE, celebrado en Bruselas, del 18 al 21 de mayo de 1992, aprobó la propuesta de la Comisión sobre la llamada reforma MacSharry de la PAC (por el nombre del entonces Comisario de Agricultura), aplicada desde la campaña 1993-94.

Las reformas de la PAC

La reforma de 1992 afectó a ciertos productos herbáceos (cereales, oleaginosas y proteaginosas), tabaco, forestales, vacuno, ovino, y productos lácteos. En la reforma se incluyeron, además, medidas referentes a los métodos de producción agraria, compatibles con las exigencias del medio ambiente y, también, medidas sobre jubilación anticipada para los agricultores.

Siguiendo con la dinámica reformadora de la PAC, en 1997 comenzó a diseñarse un nuevo horizonte agrario de la UE con la llamada Agenda 2000; previéndose ajustes de recursos, y reformas en las ayudas. En ese sentido, el debate se centró en el posible establecimiento de una limitación absoluta del gasto PAC (Alemania preconizó 40.500 millones de euros al año); una modulación para recortar las compensaciones a las mayores explotaciones; o una regresión (idea francesa) destinada a reducir los precios linealmente en un porcentaje anual; aparte de una renacionalización (o cofinanciación de los Estados) del gasto agrícola en un 25 por 100 del total, para aliviar así las arcas comunitarias.

Tras las referidas reformas de 1992 (MacSharry) y de 1999 (Agenda 2000), las intervenciones de mercado se consiguieron a precios más contenidos, transitando desde una estructura de ayudas vinculadas al volumen producido, a otras, desacopladas, que girarían sobre la superficie cultivada o, si nos referimos a la ganadería, al número de reses.

La filosofía de ese cambio, respondió no sólo a los imperativos de la OMC, sino también a una filosofía en pro de un nuevo papel de la agricultura, no exclusivamente ligado al productivismo. Se fue a la simplificación administrativa, manifiesta en los pagos únicos por explotación (con base en la mochila histórica, el promedio de lo recibido en los años 2000 a 2002), que entraron en vigor en el período 2005/2007. De modo que la mayor parte de las subvenciones pasaron a abonarse con independencia del volumen de la producción. Si bien debe puntualizarse que "para impedir que se abandonase la actividad productiva", los Estados miembros pudieron mantener criterios de condicionalidad, y optar por conservar una parte de las ayudas vinculadas a cada producción, en circunstancias bien definidas y dentro de unos límites.

Los nuevos "pagos únicos por explotación" se supeditaron al respeto del medio ambiente, la salubridad alimentaria y las normas sobre bienestar animal («condicionalidad»). De igual manera, se previó una reducción de las ayudas directas (modulación) a las explotaciones de mayor tamaño, a fin de financiar las nuevas medidas de desarrollo rural.

El Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, estableció el marco jurídico para la nueva financiación de los gastos correspondientes a la PAC, para lo cual se crearon dos nuevos fondos, que se inscriben en el presupuesto general de las Comunidades Europeas: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA, en sustitución del FEOGA) y el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER).

El FEAGA financia, en gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión, las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrarios; los pagos directos a los agricultores establecidos en el ámbito de la política agrícola común; y algunas medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Comunidad y en los terceros países realizadas por los Estados miembros. Por su parte, desde el FEADER se financia, gestión compartida con los Estados miembros, los programas de desarrollo rural.

 

La encrucijada de la nueva PAC

Ya hemos visto como en septiembre de 2003 la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los agricultores, denominado Pago Único, calculado en función de las ayudas que los agricultores recibieron en un determinado período de referencia (las ya citadas mochilas históricas)^[1]. 

 

Siguió una nueva reforma en 2008, con el llamado chequeo médico, en la que se avanzó algo en lo relacionado con el cambio climático, la biodiversidad, la energía y la gestión del agua. A la que siguió un nuevo cambio que concluiría con el Acuerdo Político alcanzado en junio de 2013 para lograr una mejor orientación de las ayudas a los agricultores activos, junto con un papel más preponderante de los aspectos medioambientales. Con un pago específico ligado a ellos, el conocido 'greening' avanzando así hacia una PAC más sostenible. 

Y en 2021 se entró en la nueva PAC 2023-27, para afrontar algunos de los dilemas siguientes: ¿Cómo hacer política juntos en una Europa tan ampliada y diferente? ¿Cómo abordar el cambio climático y el Pacto Verde Europeo (las estrategias 'De la Granja a la mesa' y 'Biodiversidad')? ¿Cómo compaginar niveles altos de exigencias medioambientales y sociales a los productores agrícolas, con una economía enteramente abierta al mundo?

La respuesta de la Comisión Europea delegó en los denominados 'Planes Estratégicos Nacionales'. De manera que cada Estado miembro, después de un análisis de su situación, elabore y proponga a la Comisión su propio Plan para contribuir eficazmente a los objetivos comunes. Esto debería concluir en una política más adaptada al terreno, más sencilla y más eficaz. ¿Se podría entonces seguir hablando de una política 'común'?

El Plan Estratégico Español ya se ha marcado (entre otras) la prioridad de la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad no solo agraria sino rural, así como a la innovación. Pero, como la crisis del Covid-19 ha recordado, la estrategia necesaria es también tecnológica (banda ancha), educativa, sanitaria, de accesibilidad a los servicios comerciales y bancarios, de transporte y comunicación.

La única manera de conseguir la cuadratura del círculo del Plan Estratégico es poner la prioridad en las personas, promoviendo que se comprometan activamente a los agricultores con los retos de la alimentación y el territorio. En este sentido, el Plan que negocian el Ministerio de Agricultura, CC.AA., y Organizaciones Profesionales Agrarias, es una gran oportunidad, como lo son los fondos Next Gen, del Fondo Europeo de Recuperación para la pandemia.

Por otro lado, nadie puede poner en entredicho la necesidad de hacer frente al cambio climático, en lo que las estrategias europeas se han marcado objetivos ambiciosos. Como por ejemplo que el 25 por 100 de la superficie agraria total de la UE sea ecológica, que el uso de fertilizantes se reduzca al menos en un 20 por 100, y el de fitosanitarios en un 50 por 100.

Por lo demás, hay acuerdo en que la UE tiene que asumir el liderazgo de cara a la sostenibilidad agraria del planeta. No se trata solo de promover compromisos ambiciosos en cumbres internacionales sino de ser motor real del cambio hacia un desarrollo realmente sostenible de todo el sector FAO. Por esa razón, los agricultores europeos están sometidos a un nivel creciente de exigencias sanitarias y medioambientales.

 

SINDICALISMO AGRARIO

No es éste el lugar para hacer una larga exposición sobre el sindicalismo agrario en España. Pero sí resulta indispensable reflejar de alguna manera los cambios experimentados desde 1977, a partir de la situación preexistente del régimen de Franco, durante el cual el campo estuvo encuadrado en el sindicalismo vertical autoritario, a través de las Hermandades de Labradores y Ganaderos, las Cámaras Agrarias, y otras instituciones, incluidos los sindicatos verticales.

Frente a ese vértice, desde 1977 surgieron, reaparecieron o se consolidaron nuevas o antiguas organizaciones agrarias, de las cuales cabe destacar las siguientes: FTT (Federación de Trabajadores de la Tierra, próxima al PSOE), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, próxima a CC.OO.), ASAJA (Asociación de Jóvenes Agricultores), UPA (Unión de Pequeños Agricultores), y Unión de Payeses (Cataluña y Baleares)[1].

 

Además de las organizaciones citadas, por el RD 1336/1977, de 2 de junio —pocas semanas antes de las elecciones generales, lo cual fue significativo—, se organizaron las Cámaras Agrarias, para recoger el patrimonio, el personal y las funciones de las antiguas Hermandades. Así pues, con base en esa organización de las antiguas Hermandades, pasó a haber unas 8.000 Cámaras, relacionadas entre sí mediante Cámaras provinciales, y a nivel de toda España en la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (CONCA). Como sistema de transacciones que subsistió hasta que la Confederación fue disuelta por la Ley de 17 de octubre de 1991, que planteó su gradual desaparición, dando pa­so a organizaciones de carácter autonómico, como juntas agropecuarias locales.

La tendencia actual dentro del sector agrario español es de buscar mejores perspectivas técnicas y de autorregulación dentro de cada subsector, sobre todo, a través de las llamadas Interprofesionales. Organizaciones, por ejemplo, para promover mayor venta de productos como el aceite de oliva, vino, etc. En las que tiene mucha importancia el comercio exterior.

En diciembre de 2021, el ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó a los consejeros de Agricultura de las CC.AA. que ya envió a Bruselas su propuesta de Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PE-PAC): unos textos de más de 1.200 páginas, que se elevaron a consulta pública para que cada comunidad autónoma rea­lice sus observaciones y/o peticiones adicionales de información'[1].

Ese Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 es la hoja de ruta que determinará el reparto de los 47.724 millones de euros que recibirá España durante el periodo mencionado, de los que dependerá la suerte de unos 630.000 agricultores y ganaderos. En esta línea, el Ejecutivo de Sánchez, en diciembre de 2021, también dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Gestión de la PAC, que desarrollará el régimen sancionador para quienes no cumplan con las condiciones de las ayudas[2]. El cuadro 1 registra los datos de beneficiarios del pago básico de la PAC de las 17 CC.AA.

Hasta el próximo viernes, como siempre, los lectores de Tribuna pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.