El tipo de huyó de la justicia española en el maletero de un coche en 2017 es quien tiene en su mano decidir el futuro gobierno en 2023. Un paisano que no puede pisar territorio patrio para no ser detenido por la policía, es el protagonista de la política actual. No es una película satírica de Luis G. Berlanga. Es lo que hay. Al parecer, es lo que votamos las gentes de este país en las últimas elecciones generales.

Carles Puigdemont (1962), prófugo refugiado en la nada leal Bélgica frente a los intereses políticos de España (allí todavía a los niños les meten miedo con aquello de que "viene el Duque de Alba"), fue inicialmente un periodista sin título universitario metido a político, independentista de cuna pero con la 'losa' de contar con una abuela andaluza. C'est la vie...

El Puigdemont periodista pasó por medios de comunicación bien regados con dinero público por Jordi Pujol y Artur Mas, que invertían descaradamente en independentismo mientras pactaban con socialistas y populares los gobiernos de España. Pardillos unos y otros en manos del siempre insaciable nacionalismo. Y pringados una inmensa mayoría de ciudadanos que nos asomamos a un nuevo intento de que en este país haya ciudadanos de primera y de segunda (o tercera).

Junts, el partido creado por el fugado expresidente del gobierno catalán, es un partido muy conservador, de la derecha de toda la vida, que ahora trafica sus propios intereses independentistas con formaciones de izquierda que buscan mantenerse en el poder. PSOE y Sumar son presuntamente partidos con ideología de izquierda que negocian sin rubor con otros de la derecha clásica, caso del citado Junts o el PNV, especialista tradiconal en "menear el árbol para recoger la fruta". Lo llaman gobierno progresista.

Puigdemont negocia directamente la previsible investidura de Pedro Sánchez con la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, a cambio de amnistías, referéndum, relatores (intermediarios), acuerdos con la fiscalía y otras prebendas propias de una casta de políticos que están ahí porque así lo queremos - o lo permitimos- los ciudadanos. Nadie dijo que la democracia fuera un sistema perfecto.

Al margen de que resulta evidente que nuestro sistema electoral está absolutamente desfasado en este siglo XXI, vivimos en un Estado fallido donde el reparto territorial de escaños está pervertido. La concentración de votos por territorios diluye el principio básico de "una persona, un voto". La realidad es que el seis por ciento del electorado determina la política nacional del otro noventa y cuatro por ciento. Por eso, estoy entre los defensores del sistema electoral a doble vuelta, donde en la segunda votación sólo comparecen los dos candidatos más votados en la primera, salvo que en ella uno supere el cincuenta por ciento del sufragio (deciden los ciudadanos, no los trapicheos postelectorales).

Es legítimo que Sánchez busque la formación de un Gobierno con quien considere oportuno, no lo es en absoluto incumplir la Constitución, que recoge como principio fundamental que todos los ciudadanos somos iguales. Si no les gusta lo que dice, que la cambien, pero que no la prostituyan porque nos ha dado el mayor período de paz -y desarrollo- de la historia de España en los últimos doscientos años. Incluso destacados socialistas, como Felipe González, Emiliano García-Page o Ramón Jauregui, han criticado públicamente los devaneos de la actual dirección del PSOE con las propuestas del líder de Junts.

Un individuo que no da la cara, que no se enfrenta a la responsabilidad de sus actos, que se esconde, que huye, que recibe dinero de dudosa procedencia... no es fiable. No. Sólo la política es capaz de convertir una inmensa mentira en una supuesta realidad porque la ciudadanía está a otras cosas.