El Juzgado Contencioso-Administrativo de Segovia cifra en alrededor 290.000 euros la liquidación y penalidades a la empresa constructora Rogasa, tras la decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato para la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial.

En este sentido, la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ha recordado que el Ayuntamiento de Segovia pedía una cuantía global de 459.004 euros por lo que finalmente, la diferencia será de 169.734 euros menos de lo inicialmente previsto.

Sobre esta sentencia, Martín ha afirmado que que el ayuntamiento tomó una decisión compleja en defensa, como administración pública, de los intereses generales como ya que "no se estaba cumpliendo" el contrato y se estaba causando daños.

"La sentencia del Contencioso-Administrativo da la razón al Ayuntamiento en que está bien resuelto el contrato y como la imposición de penalidades en no recibir el edificio en el estado en el que se encontraba en ese momento", ha señalado Martín, quien también ha afirmado que "da la razon al Ayuntamiento en que se resolvió e contrato no cuando lo pidió Rogasa sino cuando el Ayuntamieno lo decidió".

Cronológicamente, en octubre de 2018 se adjudicó a Rogasa los trabajos de finalización del edificio, en octubre de 2018, que se tenían que haber concluido a comienzos de 2020. Sin embargo, se retrasaron unos cuantos meses y el gobierno municipal decidió finalmente rescindir el contrato por encontrar deficiencias en materia de seguridad de las instalaciones, en materiales, remates, así como la documentación obligatoria.

CASO CLARO DE INDEFENSIÓN

Por otro lado, Martín ha recordado que el consistorio está pendiente de la petición de anulación de la sentencia que le obliga a pagar una cantidad económica al propietario de una parcela situada junto al edificio basándose en que el auto del TJSCyL introduce argumentos que no fueron esgrimidos durante el proceso judicial ni por la defensa y por la propiedad particular.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que no se admitio por parte del Tribunal Supremos y se defendió por parte del Ayuntamiento la nulidad de la sentencia por indefensión. Así, en un proceso judicial había argumentos por una arte y también por la otra, sin embargo en este caso el juez introdujo argumentos que no habían dao ni la cusación ni la defensa. Por ello, la alcaldesa ha afirmado que se trata de un "claro caso de indefensión" por lo que solicitan su inadmisión.