La Junta de Castilla y León ha presentado las alegaciones a la Comisión Europea en las que insta a un cambio de estatus jurídico del lobo en Europa y por tanto en Castilla y León y pide que al norte y al sur del río Duero el lobo sea gestionado por la administración autonómica como garantía de conservación de la especie y de equilibrio en su colisión con la ganadería extensiva.

Con ese objetivo el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en respuesta al proceso abierto por la institución comunitaria para evaluar la situación del lobo y los grandes carnívoros en la Unión.

Según informa la Dirección de Comunicación de la Junta, el consejero adjunta a la carta un informe con datos y argumentaciones al respecto y con la solicitud de que se flexibilice el régimen jurídico de protección de la especie. El objetivo de esta consulta es recabar datos sobre la población lobera en Europa y su coexistencia con las actividades humanas a fin de determinar si la Comisión tiene que abordar cambios en el estatus de protección del lobo y actualizar el marco jurídico flexibilizando el mismo.

Contenido de la carta

El objetivo de la Junta, con su informe y argumentaciones, es conseguir que en Castilla y León, al norte y al sur del río Duero, el lobo sea gestionado por la Junta de Castilla y León.

También manifiesta su agradecimiento a la Comisión Europea y su presidenta por la iniciativa tomada. Este paso, puesto en marcha a través de una carta de su presidenta publicada por la Comisión Europea el 4 de septiembre, "representa un importante avance en la conservación de esta especie en Europa y en mitigar el conflicto en aumento con el sector ganadero por el incremento de daños a la ganadería extensiva".

A su vez, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha querido reconocer el esfuerzo realizado por otras organizaciones e instituciones (como las organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales) que han aportado información en el marco de este proceso.

Información no es real

La Junta de Castilla y León recuerda que ha criticado en numerosas ocasiones que el gobierno de España remitió a la Comisión una información sobre el estado de conservación del lobo en España que no se ajusta a la verdad, puesto que informó que el estado de conservación es desfavorable cuando la población de lobos no ha dejado de incrementarse en nuestro país.

La Comisión Europea, en el comunicado, instó también a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria hasta tanto se toma una decisión sobre la flexibilización del régimen jurídico. Sin embargo, es destacable que ese uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria que la Comisión insta a los Estados aplicar, es inviable en Castilla y León (y en España) por la acción del gobierno de España.

La Junta espera que esta información contribuya a que la Comisión cuente con datos para tomar decisiones informadas sobre el estatus legal del lobo en Europa. Castilla y León se compromete a colaborar estrechamente con la Comisión y ofrecer sus servicios técnicos para el análisis y la valoración de los datos compartidos.

Las regiones del norte del río Duero, con Castilla y León a la cabeza, junto con una región de Grecia, fueron las únicas a las que la Directiva Hábitats en 1992 atribuyó un régimen jurídico más flexible en la protección del lobo que en el resto de Europa, en que se impuso la estricta protección. Ello fue porque Europa era consciente del buen estado de las poblaciones de lobo en estos territorios y su estado de conservación favorable.