Los alcaldes de Barbolla, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Duruelo y Sotillo han presentado este miércoles alegaciones contra el proyecto de la empresa gallega ERIMSA de abrir una mina de cuarzo que ocuparía 1.692 hectáreas en sus municipios porque consideran que tendría "muchos perjuicios" y ningún beneficio para la zona.

Los representantes de estos municipios del nordeste de Segovia -dos del PP y cuatro del PSOE- han acudido este miércoles a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia acompañados por miembros de la Plataforma Contra la Mina a Cielo Abierto en el Nordeste Segoviano.

El regidor de Barbolla, Basilio del Olmo (PP), ha señalado en declaraciones a los medios este miércoles que cuentan con "el apoyo de toda la zona" para presentar estas alegaciones e intentar que la mina no se lleve a cabo.

"Creemos que nos perjudica a todos los ayuntamientos y que no vamos a tener ningún beneficio económico con esta planta y sí muchos perjuicios" ha comentado el alcalde de este municipio segoviano de 141 habitantes censados.

Del Olmo ha puesto como ejemplo la afectación en la calidad del agua del acuífero que hay bajo los terrenos donde se instalaría la mina, de la que beben muchos más pueblos de la provincia.

También ha asegurado que la economía de los agricultores de la zona se vería muy perjudicada porque perderían las 1.600 hectáreas de las ayudas de la PAC y que sería un "destrozo" para las carreteras y caminos "grandísimo".

La empresa promotora que ha pedido autorización a la Junta de Castilla y León para llevar a cabo el proyecto es Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A (ERIMSA), domiciliada en La Coruña, filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar.

Estos alcaldes de las localidades afectadas se reunieron ayer con el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Rubén Rodríguez, quien les aseguró que estudiarían las alegaciones "con lupa", según han contado a los medios este miércoles los regidores.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma Contra la Mina a Cielo Abierto en el Nordeste Segoviano, Marisa Moro, ha informado de que durante esta Semana Santa han recorrido los pueblos afectados y ayudado a tramitar unas 1.600 alegaciones físicas y 200 telemáticas.

La población empadronada que suma estos seis municipios es de 750 habitantes, pero Moro ha explicado que estos pueblos tienen "una población flotante muy grande" por su cercanía a Madrid y su riqueza natural, gastronómica y paisajística, que hace que en periodos vacacionales su población se cuadriplique.

"Ya hay gente que vive en los pueblos que nos está diciendo que si abre la mina vende su ganado y se va", ha asegurado Moro, que reside en Duruelo.