Este viernes ha comenzado el derribo del histórico chalé de los Rueda, en la finca Villa Estrella, una construcción diseñada por el arquitecto Manuel Pagola en 1925 que algunos colectivos como la Academia de San Quirce, Izquierda Unida o Amigos del Patrimonio habían llamado a proteger.

La demolición es consecuencia de un convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Segovia en 2019 y, según ha explicado la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, la única forma de detenerla era abonar a los propietarios una indemnización de diez millones de euros, inasumible para las arcas municipales.

La ordenación supone la ejecución de 6.600 metros cuadrados edificables para un máximo de 74 viviendas y la cesión al Ayuntamiento de Segovia de 607 metros cuadrados de edificabilidad para vivienda protegida y de 1.125 metros cuadrados de suelo para espacio libre público.

En los últimos días, varios colectivos han mostrado su rechazo al derribo de este edificio, situado en el número 47 de Paseo de Ezequiel González, entre ellos la asociación Amigos del Patrimonio de Segovia, Izquierda Unida y la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 

La institución subrayó que se trata de "el último vestigio de una concepción urbanística muy representativa de la época del ensanche de las ciudades" y que la urbanización del terreno "causaría un perjuicio indudable a la contemplación" de la iglesia de Santo Tomás, que permanece aislada gracias al jardín del inmueble. 

Otra organización que en los últimos días se ha mostrado en contra de la desaparición de este edificio es Izquierda Unida.

La formación ha recordado que cuando en 2019 se aprobó el convenio urbanístico para la ordenación del área de Santo Tomás incluido en el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia, que contemplaba un plan para derribar el chalet, se aprobó con el único voto en contra de Izquierda Unida. 

Para este partido "no es comprensible" que este edificio, situado en una de las calles céntricas más concurrida de la ciudad, y su entorno no contasen con ningún tipo de figura de protección. 

En opinión de Izquierda Unida, "no hay necesidad de ampliar el suelo urbanizable a costa del medioambiente y el patrimonio" y con este tipo de decisiones "solo se está consiguiendo un beneficio particular de los propietarios y no para la ciudad y para la población segoviana". 

Según explicó la regidora en rueda de prensa ayer al ser preguntada por este asunto, no haber concedido la licencia de demolición, que era conforme al planteamiento urbanístico aprobado, habría sido "un acto contra derecho" y supondría "reducir los derechos urbanísticos" del titular de la propiedad.

La alcaldesa recordó que en el Plan Especial de Áreas Históricas se propuso la protección del entorno, pero el titular de la propiedad informó que solicitarían una indemnización por vinculación singular de unos diez millones de euros.

Clara Martín recalcó que el edificio no ha sido declarado Bien Interés Cultural -competencia, recalcó, de la Junta de Castilla y León- ni incluido en el catálogo de edificios protegidos en anteriores planteamientos urbanísticos como el de 2008.

Por lo tanto, la única opción habría sido llegar a un acuerdo con los titulares, que pasaría por abonar la cuantía, inicialmente calculada en diez millones de euros e "inasumible" para las arcas municipales.